ISSN 0798 1015

Vol. 38 (Nº 38) Año 2017. Pág. 20

Retos y desafíos de la democracia en Colombia: Una revisión desde la Academia

Challenges of democracy in Colombia: A review from the Academy

José Rafael GARCÍA-GONZÁLEZ 1; Paola Andrea SÁNCHEZ-SÁNCHEZ 2; Laura SALCEDO-DÍAZ

Recibido: 17/03/2017 • Aprobado: 13/04/2017

Contenido

1. Introducción

2. ¿Es Colombia un país democrático?

3. ¿Qué retos y desafíos enfrentan las democracias?

4. ¿Cómo son los retos y desafíos en Colombia?

5. El Reto de la Eficacia del Sistema

6. Conclusiones

Referencias bibliográficas

1. Introducción

La democracia es dinámica, es un concepto complejo que además puede ser tanto descripto como prescriptivo, es una conquista y una construcción colectiva. La democracia requiere de un juicio basado en lo ideal, que se contrasta con la realidad para entender como está construida y funciona, a partir de esto se pueden identificar los desafíos de la misma y determinar algunas conclusiones al respecto, teniendo en cuenta una perspectiva reflexiva que conjuga distintos elementos de la democracia vista desde una perspectiva sistémica.

Para la tesis de que Colombia es un caso en el que la democracia presenta desafíos y no por eso deja de serlo, se presenta la definición de democracia, enfocándonos en Dahl (1982) de la cual se desprenden las escalas de abstracción de Sartori (2008), a partir de las cuales se determina que Colombia si es un régimen democrático, o por lo menos en lo formal; por lo que se explican los tipos de desafíos que la democracia puede tener, basados en la PNUD (2009) que expone dos retos macro, el de las instituciones y el de la eficacia del sistema.

Los dos retos, desglosan una serie de aspectos que son tratados por la Carta Democrática Interamericana de 2001: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos, para que la democracia sea más que elecciones; y democracia de ciudadanos y ciudadanas con plena vigencia de los derechos sociales y plenamente comprometida con el desarrollo humano, para determinar la calidad de la misma.

Para poder determinar una respuesta, se debe tener claridad sobre la definición de democracia. Se pueden diferenciar cuatro (4) que resultan familiares, aunque no son las únicas: 1. El significado etimológico (gobierno del pueblo - Demos/Krato) al cual se le puede unir “gobierno del pueblo para el pueblo”[3]; 2. La definición procedimental, o electoral Shumpetteriana, basada meramente en las elecciones como instrumento institucional para llegar a decisiones políticas tomadas por quienes llegan al poder a través de la competencia por el voto; 3. La definición genética, donde la democracia es un conjunto de normas que resultan del acuerdo y compromiso de los actores en la arena política; 4. La definición mínima, que determina que hay democracia cuando hay sufragio universal masculino y femenino, elecciones libres y competitivas, más de un partido y fuentes alternativas de información. (Schmitter y Karl, 1993, p. 38)

Esta última definición (la número 4), puede entenderse como la más completa de todas, y se basa en la noción ideal de Dahl (1982) según la cual hay cinco criterios de los cuales se puede partir para analizar la democracia: la participación efectiva, igualdad en la votación, la comprensión ilustrada, el control final sobre el programa y la inclusión de adultos. A su vez estos criterios tienen que reflejarse en la realidad, para lo cual tienen siete instituciones, las cuales son: cargos públicos electos, elecciones libres, imparciales y frecuentes, libertad de expresión, fuentes alternativas de información, autonomía de las asociaciones y ciudadanía inclusiva (Dahl, 1982).Así mismo, seis procedimientos que hacen posible la democracia: control sobre el gobierno, libertad para elegir y ser elegido, sufragio universal, derechos políticos, libertad de expresión y acceso a la información. (Dahl, 1982)

Los criterios e instituciones de Dahl (1982) se encuentran presentes en la explicación de Sartori. Según Sartori (2008) la democracia es un sistema de representación con participación libre y universal de la población adulta en un marco de igualdad de derechos y reglas de juego también iguales,que surge con las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Desde autores como Shmitter y Karl (1993), lo anterior se redefine al aceptar que es un sistema de gobierno en el que los gobernantes son responsables de sus acciones en el terreno público ante los ciudadanos, actuando indirectamente a través de la competencia y la cooperación de sus representantes electos. Sartori (2008) afirma que la democracia descansa sobre la concepción ideal y pluralista de la política, agrega que según Smith la democracia se da cuando el dialogo entre la sociedad política y gobierno produce resultados.

Sartori (2007) explica que puede entenderse un régimen democrático según unas escalas de abstracción con unos elementos fundamentales que serían: separación de poderes, elecciones populares, periódicas y libres; y fijación temporal del poder político, estas serán las bases fundamentales en el análisis del régimen en Colombia, para determinar si es democrático debe cumplir los tres elementos.

La historia de Colombia muestra que los tres elementos de la escala de abstracción de Sartori están incluidos: las elecciones se dan por voto popular, son periódicas y libres, comenzando por el primer presidente elegido democráticamente a principios del siglo XIX; esta práctica democrática en Colombia reinó hasta el año de 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla da un golpe de Estado que lo mantuvo en el poder hasta 1957, entonces una junta militar toma el poder. En este mismo análisis, varios autores e historiadores coinciden en afirmar que en el período comprendido entre 1958 y 1974, la democracia en el país estuvo permeada por los efectos producto de la conformación del Frente Nacional, en momentos en que los partidos mayoritarios (Liberal y Conservador) se alternan de alguna forma el manejo del poder en el nación.  Es en consecuencia que a partir de 1974 se vuelve a elegir a los Presidentes mediante el uso del sufragio popular sin el "arreglo" bipartidista[4].

El acceso al poder, bajo el manto de la democracia, es de elecciones[5] populares. En Colombia se incluyen, pero no ha sido así siempre, ni ha sido a todos los ciudadanos o se ha permitido una sujeción al Estado social de derecho, véanse por ejemplo algunos avances que datan de 1830, disponibles en la Biblioteca Luis Ángel Arango: En el país hay separación de poderes, ya que la democracia colombiana se ha caracterizado por ser representativa y contar con tres ramas del poder: legislativa, ejecutiva y judicial. Se evidencia en la Constitución Política de Colombia que rige el país desde 1991. Donde también se establece que hay elecciones populares, periódicas y libres, y fijación temporal del poder político.

De igual forma, Colombia hizo parte de un proceso de liberalización adelantado en las olas democráticas que se trataron entre 1974 y 1990,durante los procesos que se proveyeron en muchas partes del mundo, incluyendo especialmente a Latinoamérica, lo que Huntington (1994) llamó la tercera ola de la democracia[6].

Hay diversos desafíos que tienen las democracias, como por ejemplo los que presenta Diamond (1933) con la denominación de tres paradojas, que son, el consentimiento vs efectividad, representatividad vs gobernabilidad y conflicto vs consenso; estos desafíos o enfermedades de la democracia van de la mano con retos institucionales y por lo tanto de eficacia del sistema.

Al revisar el proceso de cambio e inclusión de la Constitución de Colombia, se percibe que la historia política y jurídica muestra como el derecho constitucional del país se ha forjado con un proceso evolutivo de las garantías civiles, sociales y culturales en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Es así como la Constitución de 1991 transita hacia la formación de un Estado Social de Derecho, que se ha fundado para la legitimación y consolidación del ordenamiento del país; entre tanto el conflicto y la violencia hacen de las suyas para dificultar un tránsito continuo de instituciones y eficacia en el sistema.

La explicación de ambas áreas en las que se examinan los desafíos de la democracia, son expuestas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD & el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA (2009) en su documento “Calidad de la Democracia, inicio de un debate necesario”.

El primero -el desarrollo institucional- tiene que ver con el funcionamiento de la institucionalidad. No basta con que existan elecciones, es necesario que el gobierno y los poderes públicos actúen en el marco de unas reglas de juego previamente acordadas y que se proceda con total adhesión y respeto por dichos acuerdos. El reconocimiento de este reto llevó a la adopción de la Carta Democrática Interamericana en el año 2001, la cual empieza por consagrar la democracia como un derecho de los pueblos y no simplemente como un atributo de los gobiernos. Así pues, este desafío consiste en que la democracia funcione de manera integral, en otras palabras, el todo no es igual a la mera suma de las partes.

El segundo –la eficacia del sistema- se refiere a la necesidad de que la democracia produzca resultados, este aspecto ha sido profundamente tratado en el informe del PNUD (2009) “La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos”. En dicho informe se resalta la creciente brecha entre los aspectos formales de la democracia y los justificados reclamos para que este funcionamiento se traduzca realmente en mejores condiciones de vida, se pide entonces pasar a una “democracia de ciudadanos y ciudadanas” con plena vigencia de los derechos sociales y plenamente comprometida con el desarrollo humano. Ya no se trata de verificar o no la existencia, sino de examinar la complejidad de su funcionamiento. Ese nuevo esquema de análisis se refiere a la calidad de la democracia, lo cual implica superar la simple constatación de las características formales y entrar en el análisis de su verdadero entramado y las implicaciones que ello tiene para la consecución de los objetivos que la ciudadanía reclama (PNUD & IDEA, 2009).

El Reto Institucional: Las instituciones, establecidas y prevalentes que estructuran las interacciones en una sociedad (De Remes, 2009), son fundamentales para el funcionamiento integral de la democracia instaurada en un país. Una de las instituciones que alberga muchas de las consagraciones de la Carta Democrática Interamericana en el año 2001 es la Constitución (Moreso, 2009).

En Colombia actualmente rige la Constitución de 1991, cuyo desarrollo histórico, e inclusión de apartados fundamentales como los derechos humanos, tienen sus antecedentes hace dos siglos, se tratará algo de esa historia:

Los referentes históricos de los Derechos Humanos, se comienzan a identificar a partir del Acta de la Constitución del Estado libre e independiente del Socorro, de 1810, teniendo en cuenta lo establecido en las cartas de Cundinamarca (1811), Tunja (1811), Antioquia (1812), Cartagena de Indias (1812), Cundinamarca (1812), Mariquita (1815), Antioquia (1815), Neiva (1815), República de Colombia (1821), República de Colombia (1830), Nueva granada (1832), República de la Nueva Granada (1843), Nueva Granada (1853), Confederación Granadina (1858), Estados Unidos de Colombia (1863), República de Colombia (1886), hasta la definición de la Constitución Política de Colombia de 1991.

La Constitución Política de 1991 introdujo varias reformas, entre las cuales destacan el reconocimiento parcial de la multiculturalidad y la plurietnicidad, así como los derechos de indígenas y negros; el reconocimiento de igualdad para las religiones y cultos; la primacía de los derechos civiles sobre los religiosos (matrimonio y divorcio); la vigilancia del ordenamiento constitucional (Corte Constitucional), el derecho del individuo a reclamar sus derechos y recibir pronta respuesta (Derecho de Tutela) y la creación de la Defensoría del Pueblo. También se logró la elevación de los Territorios Nacionales (Intendencias y Comisarías) a la calidad de Departamentos[7].

Los tratados internacionales -de los cuales Colombia hace parte- de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, están articulados con la Constitución y la Ley, a través del llamado “Bloque de Constitucionalidad”. Se trata de la manera de armonizar plenamente el principio de supremacía de la Constitución, como norma de normas (CP art. 4º), con la prevalencia de los tratados ratificados por el Estado, que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación en los Estados de excepción (Constitución Política, 1991: art. 93) (Sentencia C-225/95).

Entonces, elementos esenciales de la democracia representativa incluidos en la Carta Interamericana de 2001, están consagrados con garantías circunscritas en la Constitución del país, la pregunta entonces seria:  ¿Cómo se percibe en la realidad?

Analizando cada elemento citado en la carta: El respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales: Según el Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (2010), el compromiso con los derechos humanos manifestado por el Gobierno del Presidente Santos durante los primeros meses de su administración es bien reconocido, y saluda la confirmación de la drástica disminución de las prácticas conocidas como “falsos positivos”, que resultaron en ejecuciones extrajudiciales. El anuncio de una ambiciosa política de restitución de tierras y una aproximación favorable a las organizaciones de derechos humanos, son también pasos positivos.

La persistencia del conflicto armado interno sigue afectando la plena vigencia de los derechos humanos. Todas las partes del conflicto armado continuaron cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario, especialmente los grupos guerrilleros. Esta situación se advirtió agravada por la violencia que generaron las bandas criminales organizadas que aumentaron con el proceso de desmovilización de las organizaciones paramilitares y las disputas entre los distintos actores armados ilegales alrededor del control del narcotráfico[8].

Asimismo, el informe analiza varias situaciones de particular preocupación, recoge las principales actividades desarrolladas por la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, e incluye recomendaciones para mejorar la situación de derechos humanos en el país[9]. Muchos de los resultados de ese informe son analizados por el Observatorio Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional humanitario (DIH) de Colombia, en un análisis comparativo entre 2010 y 2011[10] (Véase Cuadro 1).

Cuadro 1. Estadísticas de violaciones a los derechos humanos entre 2010 y 2011

Las cifras son poco alentadoras, las violaciones de derechos humanos provienen principalmente de los grupos armados ilegales, pero no solo de ellos. Muchos otros casos son mencionados en el informe del alto comisionado de la ONU, poniendo en duda segura, la garantía por parte del Estado de los Derechos humanos en el país.

Un segundo elemento es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. El acceso al poder ha sido a partir de la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; pero análisis de personas como el Ex Ministro del Interior, Armando Estrada Villa (2011), demuestra otra cosa al afirmar que el trasteo electoral, sumas colosales de dinero en las campañas, clientelismo rampante, secuestro de candidatos, amenazas de sabotaje, compra de votos y de jurados, violencia contra electores y candidatos, son algunas de las aberraciones que ponen en peligro la jornada democrática para elegir autoridades regionales.

Estrada (2011) afirma además, que tanto el Procurador, la Misión de Observación Electoral (MOE), la fundación Fescol, el periódico El Tiempo, Vote bien y Congreso Visible, denuncian el ambiente cargado de incertidumbre, con ciudadanos invitados a hacer parte de las urnas, mientras el mismo gobierno, es tan poco dado a la autocrítica o a reconocer problemas, y supone que toda dificultad es un caso aislado[11] [12].

Cambiando el panorama, desde el punto de vista económico, Colombia firmó el TLC con la Unión Europea[13], y tiempo después con Canadá, desde la política, varias sorpresas y escándalos de personajes importantes para el país que salen a la luz y causaron una serie de controversias. Todo este tipo de casos, que eran primera página al mismo tiempo de las elecciones, se puede decir que ¿Influyeron o no en el proceso político electoral del país?, la respuesta a esta pregunta es un tanto subjetiva, ya que no se pueden implicar directamente a personajes influyentes en la política nacional.

Por el lado de los escándalos, se complica la labor del gobierno para mostrarse como justo y transparente, al tiempo que le toca atender esta clase de casos que manchan la imagen de los tres poderes, otro caso, el referido a las interceptaciones ilegales del entonces DAS”[14], que arrastró consigo una desconfianza y dudas sobre la justicia, el gobierno, y la seguridad.

El sufragio universal, elecciones justas y libres, son otros aspectos de los que se puede dudar. En un informe del alto comisionado para la paz en Colombia se acota eso, con discriminación a ciertos grupos, que requieren ser discriminados positivamente para sentirse incluidos en el país:Las organizaciones de defensa de derechos de las personas con discapacidad no están recibiendo el adecuado eco en las autoridades competentes. Colombia no es un Estado Parte de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, a pesar de que el Congreso completó el proceso legislativo el 31 de julio de 2009 y la Corte Constitucional emitió un dictamen positivo el 21 de abril de 2010. También sigue pendiente la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención (ONU, 2011).

Como se afirmaba anteriormente, esto pone en duda la legitimidad de las instituciones del Estado, se verá ahora si en Colombia hay un régimen plural de partidos (connotación conceptual basada en Bobbio, 2000 y Duverger, 1961) y organizaciones políticas.

Gómez (2008), manifiesta que en Colombia el entorno internacional fue influyente en la creación de partidos, lo cual es irrebatible teniendo en cuenta que él sostiene la tesis de que los partidos políticos en Colombia, tienen sus inicios desde la independencia de Colombia, con tendencias contrarias similares a las del partido liberal y conservador, por un lado, Simón Bolívar y, por el otro, Francisco de Paula Santander. Más concretamente, en este trabajo se referirá a tesis contraria a la anterior, según la cual los partidos surgen en la primera mitad del siglo XIX, teniendo como antecedente el hecho de la independencia, pero no directamente de las diferencias entre Bolívar y Santander (García-González y Salcedo, 2015).

Continuando, se sabe que en Colombia hubo por muchos años un marcado bipartidismo, que llego a tal extremo que fue la razón de ser de una serie de represalias físicas y violencia, pero la situación en los últimos años ha cambiado. Nótense algunos apartes de este proceso en diferentes contextos: El surgimiento de los primeros partidos políticos en Colombia se remonta a la primera mitad del siglo XIX, período durante el cual se crearon el Partido Liberal (1848) y el Partido Conservador (1849), siendo los partidos tradicionales con una larga tradición de exclusión mutua del poder. Desde 1886 hasta 1930 gobernaron los conservadores, y desde el inicio de 1930 hasta 1946 fueron los liberales quienes excluyeron a los conservadores. Esta dinámica de exclusión demostró ser muy polarizante, hasta tal punto que el país estuvo al borde de una guerra civil en la década de 1950. Este período -La Violencia- resultó ser muy sangriento, con miles de asesinatos políticos[15].

Un régimen militar breve, puso fin al conflicto y hasta permitió a conservadores y a liberales cooperar en la expulsión del general Gustavo Rojas Pinilla, que pretendía quedarse en el poder indefinidamente. Con el resultante acuerdo del Frente Nacional, por 16 años ningún otro partido tuvo oportunidad de ser elegido en posiciones nacionales o locales. Una vez que el acuerdo llegó a su fin, la competencia electoral ha ido siendo restablecida.

El sistema de partidos entonces era bipartidista, sin embargo, este requiere del Sistema electoral, que en este caso y a pesar de sus limitaciones, circunscribe que las elecciones son acontecimientos regulares. Los niveles de participación electoral han permanecido alrededor del 45% durante la última década, que es comparable a democracias bien establecidas y a la mayoría de las demás democracias latinoamericanas.

Las elecciones son ahora más incluyentes de lo que alguna vez lo fueron, ya pueden votar las mujeres, personas de diferentes estratos, y se ha abolido la esclavitud, también ha habido un avance del número de partidos políticos. Diferenciemos el avance histórico que permitió esto último, de paso se irán revisando algunos aspectos del sistema electoral:

De igual forma, las últimas reformas políticas (Acto Legislativo 01 de 2003 sobre el sistema electoral y de partidos, Acto Legislativo 02 de 2004 sobre reelección presidencial y su reglamentación mediante la Ley 996 de 2005, la Ley 892 de 2004 sobre voto electrónico y Ley 974 de 2005 sobre bancadas) se suman a todo el marco normativo electoral ya existente que, por su complejidad, dispersión y disfuncionalidad favorecen la inestabilidad, imprecisión y poca claridad sobre los procesos electorales y dificulta la aprehensión de las reformas por parte de los partidos políticos y de todos los actores electorales[16].

La Constitución Política en 1991, como se ha mencionado, introdujo grandes cambios en el sistema político y democrático del país. Una de sus motivaciones fue enfrentar la crisis política en que se encontraba la nación; así que introdujo reformas que buscaban superar la falta de legitimidad del régimen y la descomposición social (Giraldo, 2007, p. 134). Para ello introdujo elementos de democracia participativa, permitió la creación y participación electoral de nuevos partidos, creó la circunscripción nacional para el Senado de la República y modificó la elección presidencial incorporando la segunda vuelta.

En lo concerniente a los partidos y movimientos políticos, los elevó a rango constitucional, reconociendo en su artículo 107 el derecho del que gozan todos los colombianos de fundarlos, organizarlos y desarrollarlos, así como la libertad para afiliarse o retirarse de estos. De igual forma, estableció los requisitos para su creación (Art. 108), y determinó que el Consejo Nacional Electoral ejerciera la función de suprema inspección y vigilancia de la Organización Electoral.

Por otra parte, el artículo 111 de la Carta Política estableció el derecho que los partidos y movimientos políticos tienen de utilizar los medios de comunicación social del Estado, desarrollando de esta forma un aspecto trascendental para garantizar la equidad. Además consagrando a nivel constitucional el papel de la oposición (Art. 112). Sobre esto vale la pena resaltar el artículo 258, que estableció que “el voto es un derecho y un deber de todos los ciudadanos”, y el artículo 260, que determinó los cargos a ser elegidos por los ciudadanos a través de su voto directo. Asimismo, deben resaltarse los artículos 264, 265 y 266, que tratan sobre las autoridades electorales y desarrollan sus funciones y competencias.

A pesar de lo que se consagró debe tenerse en cuenta que las condiciones de libertad y seguridad no son iguales en todo el país, debido al conflicto interno que se vive. Por lo tanto, en algunas regiones, y en casos particulares, la seguridad y la libre presentación de candidatos en el desarrollo de los procesos electorales se han visto obstaculizados.

En los últimos quince años, la normatividad relacionada con los partidos políticos se ha desarrollado, principalmente, a través de las leyes 130 de 1994 (Ley Estatutaria sobre partidos políticos), 134 de 1994 (Ley Estatutaria de mecanismos de participación), 649 de 2001 (reglamentación de la participación política de grupos étnicos, minorías políticas y colombianos en el exterior), 892 de 2004 (voto electrónico), 974 de 2005 (Ley de Bancadas) y 996 de 2005 (reglamentación de la reelección presidencial); y de los actos legislativos modificatorios de la Constitución 01 de 2003 (Reforma Política) y 02 de 2004 (Reelección Presidencial) (Giraldo, 2001, p. 127).

La reforma constitucional de 2003, o Acto Legislativo 01, además de reglamentar aspectos relacionados con el funcionamiento interno de los partidos o movimientos políticos, generó un proceso de reagrupamiento partidario que redujo el número de partidos que se presentaron a las elecciones de 2006. Es decir, que en los últimos quince años, el sistema de partidos colombiano ha pasado de un bipartidismo cerrado a un sistema multipartidista ponderado. Ese multipartidismo, por decirlo así, con tendencia bipartidista, se puede traducir en una mejor gobernabilidad si se relaciona esto con la paradoja de representatividad vs gobernabilidad de Diamond (1993).

El sistema electoral colombiano se fundamenta en un principio de representación política estructurado en representación proporcional para elecciones plurinominales y binominales, y en el principio de representación mayoritaria a dos vueltas para elección presidencial y simple para alcaldes y gobernadores. (Giraldo, 2001, p. 128)

Acerca de la separación e independencia de los poderes públicos es pertinente saber que el constitucionalismo de Colombia, ha sido desde sus inicios, como otros países latinoamericanos, presidencial, con algunas características únicas; como el caudillismo como institución que durante momentos como “La violencia”, fue clave para notar la preponderancia del ejecutivo, especialmente a nivel local. Colombia además tiene una tridivisión de poder que se ha puesto en duda en los últimos dos gobiernos como resultado de las disputas publicas entre miembros de diferentes poderes.

Por ejemplo, durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe entre el ejecutivo y el judicial, hubo distintos choques que fueron expresados por los medios de comunicación y no solo nacionales, como lo muestra el artículo del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Leandro Despouy, presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en el que se explica que es necesario que termine la tensión entre los poderes ejecutivo y judicial en Colombia, para argumentar esto el documento presenta ciertos datos, se examinan unos de estos:

En el último tiempo, Colombia ha enfrentado una situación de tensión entre los poderes ejecutivo y judicial, por controversias generadas en investigaciones que tienen como fin conocer posibles vínculos entre congresistas y miembros de grupos paramilitares. Estas discusiones surgieron luego de que en el marco de la Ley N.º 975 de 2005, conocida como “Ley de Justicia y Paz” se hicieron públicos los testimonios y las acusaciones contra líderes políticos por parte de distintos jefes paramilitares.

Paralelamente, como lo señala el Informe de la Alta Comisionada de la ONU sobre Colombia, correspondiente al año 2007, “las investigaciones impulsadas por la Corte Suprema de Justicia, a pesar de los obstáculos y riesgos que han tenido que enfrentar, han producido avances importantes en el sentido de exponer la gravedad de la infiltración alcanzada por los paramilitares y sus organizaciones en el Estado y la sociedad”.

Esos hechos, explica Despouy han provocado (y siguen provocando) una discusión pública entre los poderes ejecutivo y judicial. El Relator Despouy participó en el XI Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, y tuvo oportunidad también de reunirse tanto con los magistrados como con las autoridades de gobierno y de Estado, tales como el Presidente de la República, el Canciller, el Ministro del Interior y de Justicia, el Fiscal General de la Nación y el Procurador General de la Nación.

Finalmente el Relator de la ONU explicó que “es muy importante la creación de un clima propicio que permita el intercambio constructivo y que el contexto de creciente controversia actual sea superado”. Recordó que “el poder judicial en Colombia, a pesar de las vicisitudes: la violencia crónica o los ataques del narcotráfico, se ha caracterizado y aún se caracteriza por su independencia y su respetabilidad”[17]. 

Junto a la calidad de vida se pide entonces pasar a una “democracia de ciudadanos y ciudadanas” con plena vigencia de los derechos sociales (económicos y culturales) que según Bobbio (2008, p. 49), los ciudadanos activos se tienen con ideales, y tales ideales son el enlace para un llamamiento de los valores, ya que como Karl Popper afirma, lo que distingue un gobierno democrático a uno no democrático es el hecho de que solo el primero de los ciudadanos pueda desembarazarse de sus gobernantes sin derramamiento de sangre, eso, y técnicas de convivencia, para resolver conflictos sociales sin recurrir a la violencia, que podría relacionarse con una la posibilidad de la oposición y del debate público.

En Colombia, como se ha notado en el análisis del reto institucional sobre derechos humanos anteriormente expuesto, han sido violados por la situación de conflicto armado del país, vale agregar a este punto la “ley de víctimas”, con el título de que “se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, con el objetivo de “Establecer medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones y garantizar, a través de un marco de justicia transicional”, el “efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición”[18].

A la pregunta de si Colombia es un régimen democrático, la respuesta es clara, si lo es, a la pregunta de si es defectuosa, sufre riesgos y se enfrenta a paradojas, la respuesta es afirmativa también, así que se pasaría a preguntar entonces si está consolidada. O´Donnel(1994) dice que una democracia está consolidada cuando no se observan peligros que pongan en riesgo las instituciones democráticas. En Colombia los hay, incluso existen estudios sobre características claves del autoritarismo en el país[19].

Una respuesta a las contradicciones que podrían resultar de una investigación tal, podría ser reconocida por tesis como las de Dahl (1982), de la aceptación de la democracia como un ideal. Y habiendo riesgos tanto en el sistema como en las instituciones, se alcanzaría a afirmar que en Colombia la democracia no está consolidada. Tal vez si se restringiera la discusión a un análisis electoral como la de Shumpetter el resultado sería otro, pero se quedaría en el simplismo de reducir el tamaño de la misma, sin pretender tampoco el perfeccionismo de características para determinar si es una democracia, ya que sería imposible encontrarla en hechos sólidos.

Mucho menos hay que quedarse en una visión meramente formal, como afirma Stepan (1993), quién también explica que las libertades y derechos deben no solo estar escritos sino también ser practicados, lo formal no es suficiente. Según autores como Huntington (1994), no basta con que el Estado posea los instrumentos (objetivos), sino que se representen en la realidad. La constitución como uno de esos instrumentos es un ejemplo de lo mismo, la de Colombia por ejemplo incluye un rico contenido participativo, entonces la pregunta sería más bien: ¿si están porque no los utilizamos?; para contestar tal cosa lo subjetivo cumple un papel importante, como pieza clave de la consolidación. Un elemento subjetivo es la cultura política, que según Almond y Verba(1963) es la que guía junto a un sistema de valores predeterminado, a los sistemas políticos a ser como son. A esto se le suma Bobbio (2008) quien hace un llamamiento a los valores para poder hacer que perdure el régimen democrático convirtiéndolo no solo en reglas de procedimiento sino también en costumbre.

Entonces, el Estado debe intervenir para hacer que el ciudadano aflore esas capacidades y aproveche las posibilidades objetivas desde lo subjetivo, por lo que el argumento de Bejarano (1994) serviría como noción de lo que se puede hacer para fortalecer la democracia, recuperar el Estado, precisa no solamente ser democratizado de acuerdo a las condiciones externas e internas de un nuevo modelo de desarrollo, “sino además la recuperación de la capacidad de y para crear y sostener un orden social donde sea posible la supervivencia y convivencia pacífica de los ciudadanos” ya que como Bejarano afirma, “primero hay que tener un Estado, para luego recuperarlo”. (1994, p. 79)

De pronto incluso esa necesidad de fortalecimiento del Estado, se deba a que haya faltado un régimen bastante autoritario, para valorar las instituciones democráticas, pero siendo eso posible, la cultura política ha dejado claro que la falta de las instituciones hubiese permitido valorarlos más. No obstante, la democracia es la mejor forma de gobierno por la capacidad que tienen, a diferencia de los regímenes autoritarios, de modificar sus normas e instituciones en forma consensual, como respuesta a las circunstancias cambiantes (Schmitter & Karl, 1993: 48). Mas para Amartia Sen (1999) la democracia es un medio no un fin y tal vez esa sea la solución a los desafíos y una de las vacunas a las enfermedades de la misma, una cirugía para las crisis del sistema y una forma de fortalecer el Estado.

Ese Estado deseable es definido por O´Donnell (1994) como: un conjunto efectivo y menos pesado de organizaciones, capaz de consolidar raíces para las reglas del juego democrático que sean sólidas, con la potestad de resolver de forma progresiva las principales cuestiones de equidad social, y de componer condiciones para tasas de crecimiento apropiadas con el fin de sostener los avances en las áreas tanto de la democracia como de la equidad social. Bejarano (1994) enfatiza que, si bien el Estado debe ser recuperado, lo ideal es una suma-positiva entre Estado y Sociedad Civil, pero que con la recuperación del primero.

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1. Ingeniero de Sistemas. Doctor en Ciencias Pedagógicas.  Profesor Investigador, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla - Colombia. jgarcia122@unisimonbolivar.edu.co

2. Ingeniera Industrial. Doctora en Ingeniería.  Profesor Investigador, Universidad Simón Bolívar, Barranquilla - Colombia. psanchez9@unisimonbolivar.edu.co