Alexis Mercado
Disposiciones vigentes del GATT establecen que requerimientos ambientales no deben constituir barreras para-arancelarias. Estas son muy claras al señalar que los requerimientos ambientales de un país no pueden establecer prohibiciones o gravámenes a los productos en función del impacto ambiental que puedan generar los procesos de producción en el lugar de origen (Scholz et alli, 1994). Ejemplo bastante ilustrativo de ello, y que nos tocó directamente, fue el caso de la demanda interpuesta por Venezuela ante la OMC contra Estados Unidos por las gasolinas reformuladas en 1995. La argumentación venezolana colocaba justamente el trato diferenciado dado a su producto respecto a las gasolinas producidas en norteamerica. El fallo favoreció a Venezuela. Sin embargo Estados Unidos tenía derecho a apelar esta decisión.
Ahora bien, independientemente de que un país no pueda establecer salvaguardas en función del impacto ambiental que pueda generar un proceso productivo fuera de su jurisdicción, las tendencias internacionales muestran que una serie de normativas "voluntarias" comienzan a ejercer efecto en esa dirección. Esto porque las mismas no tienen carácter legal sino que surgen respondiendo, más bien, a intereses e influencias de grupos de presión tales como consumidores, organizaciones no gubernamentales y hasta asociaciones empresariales.
En los países desarrllados, aparte de una extensa y rigurosa normativa legal, han surgido una serie de instrumentos de carácter extralegal cuyo objetivo es mitigar los efectos nocivos de las actividades industriales sobre el ambiente. Se citan como ejemplos las normas de producto, los sellos ecológicos o los "compromisos voluntarios" que vienen siendo aplicados desde hace algún tiempo en la Unión Europea. Estos, surgen para satisfacer las demandas de una opinión pública sensibilizada ante el problema ambiental y para estimular a las empresas a implantar métodos de producción menos contaminantes (ibid ant).
Si bien estas han tenido un carácter más bien nacional o regional, asistimos hoy a la difusión de normativas más severas de alcance global. Estas implican el compromiso de introducir cambios radicales en la actividad productiva para garantizar la preservación del ambiente. Resaltando el hecho de que la firma deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en cualquier lugar donde opere.
Algunos sectores industriales comenzaron hace más de una década el diseño y adopción de normas de actuación que procurasen aminorar el impacto ambiental de sus actividades y, ante todo, mejorar su imagen ante la opinión publica. Fue la industria química la que implantó el primer programa importante en esta área: la Responsabilidad integral (Responsible Care) el cual enfatiza el compromiso de la empresa de envolverse en mejoras continuas en las áreas de seguridad, salud y ambiente (cuadro 1).
Cuadro 1
Principios directores de la Responsabilidad Integral.
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Fuente: Qualidade e Atuaçao reponsável: Gerenciando a indústria química no ano 2000. ABIQUIM, 1995.
En tal sentido, las empresas deben asumir la protección ambiental como una prioridad, debiendo promover el sentido de responsabilidad,tanto a nivel individual como organizacional, ante los problemas generados sobre el ambiente, la seguridad y la salud ocupacional. Este compromiso, debe trascender los muros de la empresa, planteando la obligación de responder a las preocupaciones y necesidades de las comunidades en relación a sus actividades, así como colaborar con organismos gubernamentales y no gubernamentales en la elaboración y perfeccionamiento de una legislación cada vez más adecuada a la salvaguarda de las comunidades, los locales de trabajo y el medio ambiente (ABIQUIM, 1992).
Desde un punto de vista técnico, Responsabilidad Integral significa que la empresa debe comenzar por identificar y caracterizar las etapas de los procesos productivos que generan desechos peligrosos. A partir de allí debe hacer un esfuerzo para reorientar los métodos de producción para minimizar su impacto ambiental. Se debe procurar el desarrollo de técnicas de reciclaje, recuperación de materiales secundarios y un uso más eficiente de la energía. En otras palabras: minimizar el impacto a través de la introducción de cambios tecnológicos y organizacionales que reduzcan la generación de desechos en la propia fuente (procesos más eficientes) o propiciando la reutilización o el reciclaje (esquema 1). Por esta razón, la empresa deberá instrumentar mecanismos de autoevaluación claramente establecidos en la normativa (medición de desempeño), que le permitirán monitorear sus progresos en este campo.
Otro aspecto importante tiene que ver con las implicaciones que tendrá para la imagen de la firma la adhesión y el cumplimiento de estas normas ante la comunidad. Los principios de Responsabilidad Integral, plantean una "obligación" con las comunidades. Así en la normativa se explicita que la empresa debe oír y responder a las preocupaciones y necesidades de estas en relación a las actividades en términos de impacto sobre el ambiente y la salud.
Esta normativa se constituyó en modelo a seguir para otras industrias. Inspirado en ella y a partir de las normativas de gestión de la calidad ISO 9000, la Organización Internacional para la Estandarización ha desarrollado la normativa ISO 14000. Esta, incorpora criterios rigurosos de salvaguarda al ambiente a través del desarrollo de sistemas de gestión ambiental de carácter universal. Es decir: aplicables a todos los sectores productivos y de servicios. En su concepción, han participado organismos representativos de diversos países. Por esta razón, existen pocas dudas en relación a que esta se constituirá en la base de los estandares ambientales que regirán la actividad productiva y comercial a nivel global en los próximos años (Koss, 1995). Como puede observarse, los principios básicos guardan estrecha relación con los esbozados en la Responsabilidad integral. En ellos se establece una serie de premisas claves para el desarrollo de un eficiente sistema de gestión ambiental en la empresa (Cuadro 2).
La adhesión a esta normativa será de carácter "voluntario". No obstante, demandará la realización de esfuerzos por parte de las empresas, que deberán traducirse, necesariamente, en un proceso de asimilación y aprendizaje que puede incluir desde mejoras incrementales a los equipos y procesos hasta la introducción y/o adopción de innovaciones de carácter radical.
Cuadro 2
Aspectos básicos de la normativa ISO 14000
Concepto de mejora continua en la gestión ambiental.
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Fuente (Interpretación y aplicación de las normas BS7750 e Iso 14000, Bureau Veritas, 1995)
Involucrarse dentro de estas nuevas tendencias planteará grandes retos a los países en desarrollo (PED). Esto porque, de entrada, sus estructuras industriales presentan, de modo general, desfasajes tecnológicos importantes 6. Por esta razón, el proceso de adecuación requerirá intervenciones mucho más profundas. Pero como aspecto positivo,,su difusión y eventual adopción luce una forma viable para que las firmas se sensibilicen por los problemas ambientales y de seguridad industrial. Además, puede abrirles nuevas opciones productivas en trayectorias tecnológicas que, por sus características, les pueden permitir tornarse más eficientes y competitivas.
A pesar del carácter no obligatorio, estas normativas se están erigiendo en barreras de entrada a algunos mercados internacionales. Así, por ejemplo, en algunos países desarrollados ya se intenta restringir la entrada de productos químicos provenientes de empresas que no hayan adoptado las normas de Responsabilidad Integral. Esto evidencia la importancia que esta materia tendrá para la competitividad de las firmas en un futuro próximo, además de subrayar la necesidad de que las instancias gubernamentales se avoquen al diseño de políticas que permitan difundir estos conceptos y elevar la capacidad de gerencia ambiental en las empresas y el desarrollo de acciones concretas para disminuir el impacto ambiental de sus actividades.
Ahora bien, por la diversidad de posibilidades productivas que se abren, y por la debilidad de los mecanismos compulsivos para hacer cumplir las disposiciones legales en materia ambiental, estas normativas pueden resultar un vehículo eficiente para que las firmas del país, tanto las que exportan como las que no, le presten una mayor atención a estos problemas.
Como se apuntó, la difusión de estas normativas tendrá consecuencias importantes para nuestras empresas. Así, se plantea la necesidad de establecer tanto los posibles efectos como las medidas a ser adoptadas por las firmas en función de mantenerse dentro de las pautas de la competitividad internacional y de protección al medio ambiente.
A nuestro entender, dos problemas emergen con fuerza en este momento: el primero es la posibilidad de que un grupo importante de empresas del país vean limitado su acceso a mercados internacionales. A partir de 1990 algunos sectores no tradicionales han venido incrementando en forma sostenida su actividad exportadora 7. Pero hay que señalar que muchos de estos sectores se caracterizan porque sus actividades tienen alto impacto ambiental. Por ello, el reforzamiento de las tendencias proambientalistas en los países desarrollados, y la poca atención al problema por parte de las empresas, podría afectar sensiblemente las exportaciones venezolanas y, en consecuencia, afectar la balanza comercial y dificultar más el proceso de recuperación económica.
En segundo lugar, y no por ello menos importante, aparecen los problemas de impacto ambiental en las zonas de alta concentración industrial del país. De más está decir que nuestro parque industrial presenta una infraestructura deficiente para el tratamiento de los residuos industriales. Por lo tanto es urgente pensar en el rápido desarrollo de una infraestructura de control de las diferentes emisiones y, paralelamente, comenzar el diseño de estrategias de prevención de la contaminación.
Esto plantea la necesidad de poner en práctica una serie de acciones por parte de las empresas. En lo inmediato, es necesario un esfuerzo en el área de información. Es imprescindible que estas accedan a diversas fuentes que les permitan conocer la naturaleza y el carácter tanto de las legislaciones ambientales vigentes como de las normativas voluntarias existentes para sus mercados. A partir de ello deberán estimarse las consecuencias que esta infraestructura legal y normativa podrán ocasionarle. En otras palabras: hay que definir los escenarios tecno-económicos en los cuales se desempeñará la firma en los próximos años.
A partir de estos escenarios es necesario poner en práctica un amplio esfuerzo innovador cuyo punto de partida es el conocimiento de las tendencias internacionales de la tecnología. No obstante, este esfuerzo no se puede reducir a la simple introducción de mejoras en el área técnica sino, también, a la introducción de mudanzas tanto a nivel organizacional como de gestión de los recursos humanos.
En función de estos objetivos, se han listado un serie de actividades que pueden constituir los pilares que permitan avanzar en la implantación de un programa de gestión ambiental en la empresa. Por orden de prioridad, y posibilidades de implantación, las hemos clasificado en tareas inmediatas y de mediano plazo (cuadro 3).
Cuadro 3
Actividades a ser desarrolladas por la empresa en términos de gestión ambiental
Inmediatas |
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Mediano plazo |
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Estos desafíos implican, en la mayoría de los casos, inversiones en una serie de intangibles que, como hemos insistido, la mayoría de las empresas locales difícilmente puedan afrontar de forma individual. Es necesario, entonces, establecer aquellas actividades que las empresas pueden comenzar a asumir en el corto plazo y crear los estímulos para que lo hagan. Ya las actividades más complejas, las cuales envolverán, por lo general, reconversiones importantes del aparato productivo, deberán ser pensadas a la luz del diseño e implantación de líneas estratégicas de política industrial donde se determine claramente el papel que deberán desempeñar los diferentes actores.
Son diversas las empresas que han entendido la importancia del aspecto ambiental dentro de las estrategias corporativas. Muchas, inclusive, han sabido sacar provecho de estas preocupaciones llegando a convertirlas en ventajas competitivas que hoy les confieren una participación importante en los mercados a nivel internacional.
La incorporación de la variable ambiental implica no sólo la disposición a cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normativas voluntarias, sino, también, la incorporación de las necesidades y demandas de los consumidores, los intereses de la comunidad y la inducción de la preocupación por el problema a sus proveedores. En otras palabras: una transformación fundamentada en el preciso establecimiento de las necesidades de los usuarios, enmarcadas dentro de un equilibrio entre la satisfacción de los productos y la protección ambiental (Esquema 2), debiendo abarcar todo el ciclo productivo ( desde el proveedor hasta el consumidor o usuario final) (Madu et alli, 1995).
El primer aspecto se relaciona con las necesarias transformaciones de los procesos productivos (bien sea de bienes o servicios). Las metas propuestas deben alcanzar, al menos, el cumplimiento de las regulaciones en la materia, tanto de productos como de procesos. Sin embargo, en buen número de casos, los requerimientos internos pueden superan con creces los establecidos en la legislación (ibid nota ant).
El segundo aspecto implica el desarrollo de proveedores. La empresa debe procurar que estos alcancen los mismos estandares contemplados en su programa de gestión ambiental,. El establecimiento de contratos, puede resultar el mecanismo más expedíto para comprometerlos, y deben incluir no sólo consideraciones relativas a la calidad y seguridad del producto, sino, también, consideraciones relativa a la protección ambiental.
Todo esto determina que la empresa deberá realizar una profunda revisión de sus objetivos y reconocer la necesidad de inducir transformaciones culturales. Este proceso debe envolver a todo el personal de la organización, para lo cual deberán generarse los espacios para la participación y la eventual toma de decisiones.
En esta perspectiva, la educación y el entrenamiento, tanto de los miembros de la firma como de los usuarios, son elementos claves de estos modelos de gestión. La incorporación de estandares ambientales, demanda un amplio proceso de transformación organizacional y rediseño. Esto puede envolver, inclusive, un proceso de transformación cultural (ibidem ant).
Hay que insistir que la incorporación de estos criterios de gestión ambiental en nuestros países se enmarcan dentro de líneas estratégicas de política industrial. Así, antes de pasar a analizar este aspecto, es conveniente presentar la discusión que se viene dando a nivel internacional en relación a los efectos de la preservación ambiental sobre la competitividad de las industrias y, en segundo lugar, ofrecer algunos elementos que demuestran que involucrarse en prácticas productivas menos lesivas al ambiente puede conferir ventajas competitivas a las empresas y de modo más general, a las estructuras industriales de los países, llegando incluso a convertirse en elementos de ahorro y gran lucratividad.
6. En un estudio sobre la industria química venezolana en 1992 sobre una muestra de 112 empresas, la mayoría de las empresas consideraba que trabajaban con tecnologías que presentaban un desfasaje promedio de entre 5 y 10 años.
7. En 1995, a pesar de las distorsiones cambiarias, las exportaciones no tradicionales alcanzaron los cuatro mil millones de dólares. Como puede apreciarse, esta actividad se está constituyendo en un elemento dinamizador de la economía.